Un juzgado otorga libertad condicional a una mujer condenada por abortar en El Salvador

Sara Rogel estaba embarazada de su hija cuando un accidente doméstico hizo que perdiera al bebé. La joven fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado por las autoridades salvadoreñas, uno de los estados con las leyes más duras contra el aborto. Este lunes un juez de Cojutepeque, en el centro del país, ha ordenado su libertad condicional diez años después al considerar que ha cumplido la mayor parte de su pena y que la mujer “no representa peligro para la sociedad”.

La fiscalía ha anunciado que recurrirá el fallo, tras lo cual la defensa de Sara contará con cinco días para responder al recurso.  “El proceso tendría que ir otra vez a una instancia judicial más alta y puede tardar un mes más. Ella podría haber salido hoy –cuenta Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a El País–. Vamos a presionar a la fiscalía, porque no tiene sentido que recurra.”

Sara es una de las 18 mujeres que han sido condenadas por delitos relacionados con emergencias obstétricas. Son homicidas a ojos de la ley. Poco importa que el aborto haya sido debido a complicaciones en el embarazo, a un accidente o por una agresión física por parte de terceros. La mujer que sufre un aborto está sentenciada.

Esta ley afecta con especial dureza a mujeres de clase social baja y con pocos recursos. La violencia y abusos dentro de las relaciones de pareja o la falta de centros médicos o deficiencia de los mismos son factores que afectan especialmente a este colectivo, más vulnerable y con mayor riesgo de sufrir la pérdida del feto.

La ONU ya advirtió en 2017 que “el Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres” y pidió a El Salvador que cumpliera con sus obligaciones internacionales en cuanto a derechos humanos y terminara con la prohibición absoluta de abortar.