La trata de mujeres y niñas se extiende al ciberespacio por medio de las redes sociales

Un grupo de expertos en derechos humanos advierte que los traficantes de mujeres y niñas no se limitan a los medios convencionales, sino que recurren a las herramientas digitales para reclutar a sus víctimas. “La trata es un crimen de género vinculado a la explotación sexual”, señala el comité y exhorta a los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar ese flagelo.

Controles mitigantes del riesgo

Los expertos dirigieron a las compañías de redes sociales y mensajería un llamado a implementar controles para mitigar el riesgo de exposición de las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual. También les pidieron que usen sus datos para identificar a los traficantes y a los individuos ligados a la demanda de mujeres y niñas. Según el CEDAW, combatir la trata implica desalentar la demanda.

A los gobiernos, por otro lado, los conminaron a abordar las causas que empujan a las mujeres y las niñas a caer en situaciones de alta vulnerabilidad.

En este sentido, consideraron que los Estados deben movilizar recursos públicos y fortalecer los servicios en las áreas que apoyan el alcance de la igualdad de género, la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas y el respaldo del desarrollo sostenible para reducir los factores de riesgo que propician la trata.

Discriminación asociada al género

El Comité aseveró que entre los problemas fundamentales se cuentan la discriminación con base en el género, lo que incluye injusticias socioeconómicas en los países de origen de las mujeres y las niñas; las políticas migratorias y los sistemas de asilo con sesgos de género en los países extranjeros; y los conflictos y emergencias humanitarias.

Dalia Leinarte sostuvo que “la trata es un crimen de género muy vinculado a la explotación sexual” y subrayó que los Estados deben crear las condiciones propicias para asegurar que las mujeres y las niñas “sean libres del peligro de la trata”.

Los expertos instaron a elaborar políticas públicas que otorguen autonomía y acceso equitativo de las mujeres y las niñas a la educación y el empleo.

“Garantizar la participación completa, efectiva y sustantiva en todos los niveles de la toma de decisiones que busquen prevenir o combatir la trata de las mujeres y las niñas, en especial de las víctimas, de las comunidades afectadas por ese delito y de las personas en riesgo de sufrir ese lastre”, es una de las recomendaciones del Comité, que también solicita esa participación en el diseño de respuestas al delito con base en el género y derechos humanos.

Erradicación de los valores patriarcales

Otra recomendación es la erradicación de las normas y valores patriarcales formalizados en las leyes que facilitan el tráfico de niños y los matrimonios forzados de menores de edad. “Se deben adoptar medidas para evitar que las familias acepten los matrimonios indefinidos o temporales de sus hijas a cambio de dinero”, apuntaron, recordando que el llamado “déficit de mujeres” debido a las políticas de planificación familiar de algunos países ha exacerbado esa situación.

Asimismo, pugnaron por políticas migratorias seguras, que respondan y protejan a las mujeres y niñas migrantes. Y en el caso de los desplazamientos internos de población por conflictos o emergencias, abogaron por sistemas de protección y asistencia amplia a esos sectores.

En este sentido, resaltaron la necesidad de establecer un sistema para reportar presuntos casos de tráfico de personas observados en las inspecciones laborales sin que esto afecte a las víctimas por su condición migratoria, además de llamar a que se les permita el acceso a todos los servicios públicos sin temor a ser denunciadas por su estatus migratorio.

De acuerdo con el Comité, el combate de la trata de mujeres y niñas en el marco migratorio global requiere de un mayor compromiso y medidas de protección derivadas de las leyes internacionales humanitarias, de refugiados, penales y laborales.